Los Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción en la LCSP

Ya queda atrás el “podrá reservarse…” del derogado TRLCSP, y la LCSP Ley 9/2017 establece en su Disposición Adicional 4ª la necesidad de reservar un porcentaje de contratos/lotes para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.discapacidad

Los términos concretos de esta reserva obligatoria se deberían definir por Acuerdo de Consejo de Ministros o en el nivel Local o Autonómico que corresponda. Pero desconfiando de todos ellos, la Ley impone la obligación directamente a los Órganos de Contratación en el caso de transcurrir un año de la Ley sin acuerdo alguno.

Se establecerá una reserva mínima equivalente al 7% del importe de contratos con los CPV del Anexo VI del año anterior. A los 4 años será el 10%.

Estos contratos son:

–      Servicios de limpieza

–      Servicios de recogida y reciclaje

–      Servicios forestales

–      Servicios de hostelería y catering

–      Servicios de transporte

–      Servicios de imprenta

–      Servicios sociales

–      Servicios de almacenamiento y reparto

–      Servicios de hospedaje y turismo rural

–      Servicios de trabajos administrativos

–      Servicios de gestión y trabajos auxiliares

–      Servicios de correo y publicidad

–      Servicios de mantenimiento y reparación

–      Producción y venta de plantas

–      Producción y venta de jabones de mano

–      Producción y venta de herramientas de cocina de madera

–      Producción y venta de mobiliario de carpintería

–      Venta y distribución

–      Artículos para eventos

–      Regalos y obsequios de empresa

 AEDIS

Los Centros Especiales de Empleo son entidades cuyo objetivo principal es realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones de mercado, y tienen como finalidad asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran las personas con discapacidad que trabajan en ellas. Estos centros se crean como un medio de integración del mayor número posible de estas personas al régimen de trabajo normalizado. La plantilla de estos centros debe estar conformada, al menos en un 70 %, por personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

Las Empresas de Inserción son aquellas entidades, sociedad mercantiles o cooperativas que realizan una actividad económica o prestación de servicios, con el fin primordial de integrar y formar socio laboralmente a personas en situación de exclusión social.

Para que una entidad sea reconocida como tal empresa de inserción, debe cumplir los requisitos legalmente establecidos en su Comunidad Autónoma.

Aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo y pertenezcan a alguno de los colectivos que la norma considera en riesgo o situación de exclusión social, pueden ser candidatas a ocupar un puesto de trabajo en una empresa de inserción, en la actividad económica que sea objeto de la entidad.

Podrán ser contratadas como trabajadoras por una empresa de inserción aquellas personas que estén desempleadas e inscritas como demandantes de empleo y que hayan asumido un compromiso de inserción.

Se consideran personas en situación de exclusión social quienes pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos:

–      Perceptoras de Rentas Mínimas de Inserción, así como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas.

–      Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores.

–      Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.

–      Personas internas de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo en régimen abierto, sometidos a un sistema de contratación ordinaria con empresarios, así como liberados condicionales y ex reclusos.

–      Personas menores de edad internas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo en régimen abierto, sometidos a un sistema de contratación ordinaria con entidad o persona empleadora, así como las que se encuentran en situación de libertad vigilada y las ex internas.

–      Personas víctimas de violencia de género.

–      Personas emigrantes retornadas (a Andalucía) con graves necesidades personales o familiares.

–      Personas que tengan a su cargo una familia monoparental y presenten graves necesidades personales o familiares.

–      Personas desempleadas mayores de 50 años que hubiesen permanecido inscritas de forma ininterrumpida como demandantes de empleo en una oficina de los Servicios Públicos de Empleo durante, al menos, doce meses.

–      Personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, en un grado igual o superior al 33%.

Al mismo tiempo, estos Centros podrán beneficiarse de la utilización de determinados criterios de adjudicación por parte del Órgano de Contratación, entre los que destacan:

–      Reconocimiento de empresas que empleen a personas en riesgo de exclusión durante la ejecución del contrato

–      Las que subcontraten con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción

También se priorizan las propuestas de estas empresas en el caso de desempate tras la aplicación de los criterios de adjudicación.

claves-para-hacer-las-cosas-bien-en-los-centros-especiales-de-empleo01Y por último, el art.202 recoge la obligación de exigir, al menos, una condición especial de ejecución, entre las que se encuentran las de tipo social, como la promoción del empleo de personas con dificultades de inserción, existiendo la posibilidad de establecer penalidades o resolución, para el caso de incumplimiento. Eso sí, sin olvidar que las condiciones especiales de ejecución:

–      deben estar vinculadas al objeto del contrato

–      no pueden ser discriminatorias

–      deben ser compatibles con el derecho comunitario

–      aparecerán en el anuncio de licitación y en los pliegos

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Los contratos de Defensa y Seguridad en la Ley 9/2017

El art. 5 de la Ley 9/2017 LCSP establece los negocios jurídicos excluidos en su aplicación en el ámbito de la Defensa y la Seguridad.

Por un lado, aquéllos relacionados con el art. 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que también están excluidos de la Ley 24/2011 de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad LCSPDS.

Este artículo (antiguo 296 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea) establece que:

“a) ningún Estado miembro estará obligado a facilitar información cuya divulgación considere contraria a los intereses esenciales de su seguridad;

 b) todo Estado miembro podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra; estas medidas no deberán alterar las condiciones de competencia en el mercado interior respecto de los productos que no estén destinados a fines específicamente militares”.

Y limita los efectos del apartado b), a una lista de productos que se estableció en 1958.

mira_hkg36_5La (muchas veces) polémica y abusiva utilización de este artículo, obligó a la Comisión Europea[1] a regular su empleo, del mismo modo que lo hizo España[2].

En la actualidad, los contratos que se basen en el art. 346 del TFUE y por tanto queden fuera de la aplicación de la LCSP 9/2017 y LCSPDS 24/2011, deben contestar en su Memoria Justificativa a las siguientes preguntas:

  • ¿Qué interés de seguridad esencial está en juego?
  • ¿Cuál es la relación entre este interés de seguridad y la decisión específica de contratación?
  • ¿Por qué la inaplicación de la Directiva de contratos públicos es necesaria en este caso específico para la protección de este interés esencial de seguridad?

No podrá invocarse el art.346 TFUE si no está adecuadamente justificada la existencia de un interés de seguridad esencial, y tampoco si no se encuentra justificado que existe un Área de Conocimiento relacionada[3].

Además, quedan fuera de la aplicación de la Ley 9/2017, los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2011 LCSPDS.

Esta Ley, derivada de la normativa europea[4] , se refiere a:

  • suministros de equipos militares, piezas y componentes de los mismos; armas y municiones; equipos sensibles.
  • Obras, suministros y servicios directamente relacionados con los anteriores.
  • Obras y servicios con fines específicamente militares u obras y servicios

Sensibles, incluyéndose en los servicios la investigación y el desarrollo.np_eurofighter_800x260

Para facilitar la interpretación a la hora de utilizar uno u otro recurso, el Ministerio de Defensa desarrolló una detallada clasificación de categorías donde se especificaba claramente qué suministro, servicio u obra debería tramitarse con la Ley 24/2011 LCSPDS.

Esta Ley específica pretendía reforzar la seguridad de la información y del suministro en los contratos celebrados en el ámbito de la Defensa y la Seguridad, y al mismo tiempo establecía como procedimiento ordinario el negociado con publicidad e incrementaba la duración de los acuerdo marco.

Para la aplicación en la actualidad de la LCSPDS, hay que tener en cuenta que la Ley 9/2017 deroga el TRLCSP y cualquier otra disposición que se oponga a lo dispuesto en ella.

[1] Comunicación Interpretativa de la CCE, COM (2006) 779 final.
[2] Instrucción   14/2015 del SEDEF.
[3] Lista de Áreas de Conocimiento y Capacidades Industriales publicada mediante el Acuerdo de Consejos de Ministros de 29 de mayo de 2015.
[4] Directiva 2009/81/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios, por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad.